Los poderes públicos garantizaran, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos
durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de
servicios sociales que atenderán sus poblemas específicos de salud,
vivienda, cultura y ocio.
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